La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el martes 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y propuestas de cambios fiscales. El documento plantea recaudar más mediante fiscalización, ajustes al ISR y acciones contra la evasión y el llamado huachicol fiscal, al tiempo que busca sostener los programas sociales, aumentar el gasto en salud y educación y reducir el déficit público.
La propuesta llega a un Congreso que deberá discutir primero la Ley de Ingresos y después el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por tanto, las cifras entregadas por Hacienda todavía pueden modificarse durante el proceso legislativo. La primera lectura muestra una tensión central: el gobierno quiere consolidar las finanzas públicas sin aplicar una reforma fiscal amplia, pero también pretende conservar compromisos de gasto que reducen el espacio para hacer ajustes.
En breve
- Hacienda calcula que el PIB crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027, con una previsión puntual de 2%.
- Los ingresos tributarios alcanzarían 6.2 billones de pesos, equivalentes a 15.9% del PIB, sin crear nuevos impuestos generales.
- El proyecto contempla 1.1 billones de pesos para salud, 1.3 billones para educación y una inversión física de alrededor de 1.03 billones de pesos.
Un escenario económico menos holgado que el previsto en abril
El supuesto de crecimiento es uno de los cambios más relevantes frente a los Pre-Criterios 2027. En abril, Hacienda proyectó para 2027 un avance de entre 1.9% y 2.9%; ahora redujo el rango a 1.5%-2.5%. Para 2026, la estimación también bajó y quedó entre 1% y 2%, de acuerdo con la presentación realizada por el secretario Édgar Amador Zamora.
La previsión central de 2% no es extraordinaria: implica una recuperación moderada, no un acelerón de la actividad. Hacienda confía en que el consumo, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo apoyen la expansión. El problema es que cada punto de crecimiento importa para la recaudación. Si el PIB, el empleo formal o el consumo quedan por debajo de lo previsto, el ISR y el IVA podrían generar menos recursos de los calculados.
El paquete considera una inflación de 3%, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre de 2027, una tasa de Cetes de 6% y un precio de la mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril. También utiliza una plataforma petrolera de alrededor de 1.8 millones de barriles diarios. Estos supuestos sirven para estimar ingresos, costo financiero y capacidad de gasto; cualquier desviación puede alterar el balance presupuestario.
La recaudación será el principal soporte del paquete
El gobierno federal calcula recursos totales por 10.6 billones de pesos en 2027. De esa cantidad, aproximadamente 9.1 billones corresponderían a ingresos presupuestarios y el resto a financiamiento. Los ingresos tributarios se estiman en 6.2 billones de pesos, un crecimiento de 5.9% respecto al cierre previsto para 2026 y una proporción equivalente a 15.9% del PIB.
La estrategia no descansa en un nuevo impuesto general, sino en cobrar mejor los gravámenes existentes. Hacienda prevé un aumento real de 7.2% en el ISR y de 10.5% en el IEPS. En el caso del ISR, las modificaciones buscan limitar el uso de facturas falsas y hacer más consistente la contribución de las empresas con su capacidad económica. También se contempla reforzar la trazabilidad del IEPS aplicado a combustibles para combatir el contrabando y la subdeclaración de hidrocarburos.
Para las empresas, el cambio puede significar una vigilancia más intensa sobre deducciones, operaciones entre partes relacionadas, facturación y comercio exterior. El efecto no será necesariamente un aumento de tasas, pero sí podría elevar los costos de cumplimiento y el riesgo de créditos fiscales para contribuyentes con expedientes incompletos. Para los hogares, el impacto sería indirecto: una mayor fiscalización puede fortalecer los ingresos públicos, aunque los precios de combustibles y otros bienes sujetos al IEPS seguirán dependiendo de la política tributaria y de las condiciones internacionales.
Más recursos en áreas prioritarias, pero con obligaciones que pesan
El proyecto mantiene como ejes los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura. Hacienda informó que los programas sociales prioritarios representarían recursos equivalentes a 2.6% del PIB y atenderían a cerca de 43 millones de personas. En salud se plantean alrededor de 1.1 billones de pesos, 10.9% más que en 2026, mientras que educación tendría 1.3 billones de pesos, con un aumento superior a 7%.
La inversión física presupuestaria también tendría un incremento real de 3.5% y llegaría a unos 1.03 billones de pesos, equivalentes a 2.6% del PIB. El dato es relevante para carreteras, agua, infraestructura urbana, hospitales y capacidad productiva, pero no debe confundirse con toda la inversión pública o privada que el gobierno espera movilizar. La ejecución y la selección de proyectos serán tan importantes como el monto aprobado.
El margen es reducido porque una parte importante del gasto ya está comprometida. Pensiones, costo financiero de la deuda y transferencias a estados y municipios concentran una proporción elevada del presupuesto. Una lectura basada en los documentos de Hacienda ubica las transferencias federales a entidades y municipios en alrededor de 3.05 billones de pesos, con un crecimiento real estimado de 4.6%; las participaciones aumentarían cerca de 3% y las aportaciones alrededor de 5.9%.
Qué significa para estados, empresas y hogares
Para los gobiernos estatales y municipales, la evolución de la Recaudación Federal Participable será determinante. Si la actividad económica y los impuestos recaudados crecen como espera Hacienda, las participaciones y aportaciones tendrán una base más sólida. Si ocurre lo contrario, las entidades podrían enfrentar menores ingresos propios y más presión para financiar nómina, seguridad, transporte, salud e infraestructura.
En la Ciudad de México, el debate federal importa por dos vías. Primero, una parte del gasto local depende de transferencias y fondos federales. Segundo, proyectos de movilidad, agua, vivienda e infraestructura pueden verse afectados por la distribución final de recursos y por las reglas de operación que apruebe la Cámara de Diputados.
Para las empresas, el escenario combina oportunidades y riesgos. La inversión pública puede abrir contratos y demanda para constructoras, proveedores de infraestructura, servicios tecnológicos y cadenas relacionadas con salud y educación. Al mismo tiempo, la reforma al ISR, el combate al huachicol fiscal y una fiscalización más estrecha pueden elevar la carga administrativa, especialmente en sectores con operaciones transfronterizas, combustibles o esquemas complejos de deducción.
Los hogares no recibirán una factura única por el paquete, pero sí sentirán sus efectos a través del empleo, los precios, los servicios y los apoyos sociales. El gasto adicional en salud y educación puede aliviar presiones familiares si se traduce en medicamentos, consultas, planteles y personal suficientes. Sin embargo, si el ajuste para cumplir la meta fiscal termina concentrándose en inversión, mantenimiento o servicios públicos, el beneficio de corto plazo podría quedar limitado.
El riesgo está en los supuestos y en Pemex
Hacienda pretende reducir las necesidades de financiamiento y llevar la consolidación fiscal a una meta de 3.9% del PIB para 2027. El objetivo es relevante después de un déficit que alcanzó 5.8% del PIB al cierre de 2024 y que se ubicó alrededor de 4.8% bajo el gobierno de Sheinbaum, según el balance citado por analistas.
El riesgo es que la reducción dependa demasiado de una recaudación creciente en una economía con expansión moderada. También pesa la situación de Petróleos Mexicanos: la empresa continúa requiriendo respaldo federal y representa un pasivo contingente para las finanzas públicas. Si el apoyo a Pemex aumenta o si cae la producción petrolera, el espacio para inversión y programas nuevos podría reducirse.
El propio horizonte de mediano plazo obliga a observar qué gasto funcionará como variable de ajuste. Analistas han advertido que, aunque la inversión física aumenta en 2027, podría volver a perder peso en los años siguientes mientras crecen las pensiones y otros compromisos obligatorios. Esa dinámica explicaría por qué el paquete no sólo debe evaluarse por el monto total, sino por la calidad, permanencia y flexibilidad de cada partida.
El Congreso tendrá que revisar si las metas de ingresos son realistas, si las modificaciones fiscales ofrecen certeza jurídica y si el aumento del gasto prioritario tiene respaldo financiero suficiente. El debate no se limita a aprobar o rechazar una cifra: definirá cuánto margen tendrá México para responder a una desaceleración, una caída petrolera, una presión cambiaria o una emergencia durante 2027.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027.
- SHCP, Finanzas Públicas y documentos del Paquete Económico.
- El País México, 9 de septiembre de 2026.
- El País México, 8 de septiembre de 2026.
- La Jornada, 8 de septiembre de 2026.