El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 en viviendas de todo el país; entre sus datos sobre alimentación destaca que 6.5% de los hogares experimentó falta de acceso a alimentos por carencia de dinero o recursos. La mayor incidencia se concentró en entidades del sureste, particularmente Tabasco, Oaxaca y Campeche, según los resultados difundidos por el INEGI y reportados por La Jornada. ([inegi.org.mx](https://www.inegi.org.mx/programas/eic/2025/default.html?utm_source=openai))
El dato equivale, de acuerdo con la información periodística basada en la encuesta, a cerca de 2.59 millones de hogares. Sin embargo, el promedio nacional puede ocultar diferencias profundas: mientras Tabasco registró 15.32% de sus hogares en esta situación, Oaxaca alcanzó 10.13% y Campeche 9.94%. La distancia entre esas entidades y el promedio nacional confirma que la inseguridad alimentaria no es un fenómeno uniforme ni puede atenderse con una sola receta presupuestaria. ([jornada.com.mx](https://www.jornada.com.mx/2026/09/27/economia/015n1eco))
En breve
- 6.5% de los hogares del país reportó falta de acceso a alimentos por falta de dinero o recursos.
- Tabasco, Oaxaca y Campeche presentaron las proporciones estatales más elevadas, según los datos publicados.
- La respuesta pública necesita cruzar alimentación con ingresos, ruralidad, presencia de menores y condiciones de abasto local.
Un promedio nacional que necesita territorio
La principal utilidad de la EIC 2025 no está únicamente en actualizar una cifra nacional. Su valor consiste en ofrecer una base para observar cómo cambia el problema según el lugar donde viven los hogares y la composición de sus integrantes. La información permite plantear una pregunta más precisa: ¿qué condiciones hacen que un hogar tenga más probabilidades de reducir la cantidad, variedad o frecuencia de sus comidas?
La respuesta no depende exclusivamente de la existencia de alimentos en el país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) explica que el acceso a la alimentación se mide mediante la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, que pregunta por situaciones como comer menos de lo necesario, dejar de desayunar, comer o cenar, quedarse sin comida o sentir hambre sin poder alimentarse por falta de dinero o recursos. En los hogares con menores se incorporan preguntas adicionales sobre la experiencia de niñas, niños y adolescentes. ([coneval.org.mx](https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Indicadores-de-carencia-social.aspx?utm_source=openai))
Esta precisión es relevante porque la inseguridad alimentaria no equivale automáticamente a hambre permanente ni es idéntica a la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad utilizada en la medición multidimensional de la pobreza. Esta última considera, entre otros elementos, los grados moderado o severo de inseguridad alimentaria y las limitaciones en el consumo. Por ello, las cifras de la EIC 2025 deben leerse como una señal específica sobre restricciones de acceso dentro de los hogares, no como un reemplazo de todos los indicadores de pobreza alimentaria. ([coneval.org.mx](https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx?utm_source=openai))
Niñas, niños y adultos viven la carencia de manera distinta
Los resultados reportados por La Jornada muestran que las consecuencias no son iguales para todos los integrantes de un hogar. En los hogares con menores donde se registraron limitaciones de acceso, 19.9% señaló que alguna persona menor de edad sintió hambre pero no comió; 19.2% indicó que se acostó con hambre y 17.4% reportó que comió sólo una vez al día o dejó de ingerir alimentos durante una jornada. ([jornada.com.mx](https://www.jornada.com.mx/2026/09/27/economia/015n1eco))
También aparecen señales relacionadas con la calidad de la dieta: 55.4% de los hogares con menores reportó una alimentación basada en poca variedad, mientras que 37.73% señaló que algún niño o adolescente comió menos de lo que debería y 36.91% indicó que tuvo que servírsele una porción menor. Estos indicadores sugieren que el problema puede comenzar antes de llegar a la ausencia total de comida: primero se reduce la diversidad, después la cantidad y finalmente la frecuencia de las comidas.
En los hogares con personas adultas, la encuesta reportó otras expresiones de la restricción. 31% señaló que alguna persona sintió hambre, pero no comió, y 27.9% dijo que comió sólo una vez al día o dejó de comer durante 24 horas. La diferencia entre hogares con y sin menores importa para la política pública porque las estrategias de apoyo deben considerar tanto la protección de la infancia como las decisiones de ajuste que toman los adultos cuando el ingreso no alcanza. ([jornada.com.mx](https://www.jornada.com.mx/2026/09/27/economia/015n1eco))
El sureste requiere algo más que transferencias
Que Tabasco, Oaxaca y Campeche aparezcan entre las entidades con mayores proporciones no significa que compartan exactamente las mismas causas ni que requieran idénticas intervenciones. Una política eficaz tendría que identificar, dentro de cada estado, si la dificultad está asociada principalmente con bajos ingresos, empleo estacional, dispersión de las localidades, costos de transporte, sequías, pérdida de cosechas, falta de mercados cercanos o precios elevados.
La evidencia previa del CONEVAL ayuda a ubicar una de las dimensiones territoriales: en 2022, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad fue más alta en localidades rurales que en urbanas. El propio organismo ha advertido, no obstante, que el mayor porcentaje rural no implica que el problema sea exclusivamente rural, pues también existe un número considerable de personas afectadas en zonas urbanas. ([coneval.org.mx](https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/Documents/Informes/DIAGNOSTICO_ALIMENTACION-2024.pdf?utm_source=openai))
La diferencia es importante para la Ciudad de México. Aunque la capital no aparezca entre las entidades con las proporciones más altas señaladas en los primeros reportes, sus alcaldías pueden enfrentar problemas de otra naturaleza: hogares con ingresos insuficientes, rentas elevadas, redes familiares débiles, jornadas laborales extensas y dependencia de mercados minoristas donde los precios cambian con rapidez. En contextos urbanos, la distancia al alimento no siempre se mide en kilómetros; también puede medirse en el porcentaje del ingreso que queda disponible después de pagar vivienda, transporte y servicios.
Una agenda para medir mejor y gastar mejor
Los datos de la EIC 2025 deberían utilizarse para construir mapas estatales y municipales que combinen la información alimentaria con ingresos, tamaño del hogar, presencia de menores, condición rural o urbana, pertenencia indígena, acceso a caminos y disponibilidad de comercios. Ese cruce permitiría distinguir entre un hogar que no encuentra alimentos cerca y otro que los tiene disponibles, pero no puede pagarlos.
La primera consecuencia presupuestaria sería abandonar la idea de que la cobertura nacional garantiza una atención equilibrada. Los programas alimentarios, las transferencias y las compras públicas pueden necesitar criterios territoriales más finos: mayor intensidad en municipios con porcentajes elevados, apoyos diferenciados para hogares con menores y mecanismos de respuesta ante sequías o aumentos extraordinarios de precios.
La segunda es revisar la coordinación entre gobiernos. La federación puede financiar y establecer reglas generales, pero los estados y municipios conocen los caminos, mercados, escuelas y centros comunitarios donde se concreta el acceso a los alimentos. Sin esa coordinación, una ayuda puede llegar tarde, cubrir a la población equivocada o no resolver el costo de trasladar los productos hasta las comunidades.
La tercera es fortalecer la transparencia. La EIC 2025 ofrece una fotografía amplia, pero la política pública necesita seguimiento periódico para saber si las brechas se reducen, se desplazan o se agravan. También será necesario comparar sus resultados con la medición de pobreza, la ENIGH, registros de precios y datos de producción agropecuaria, sin mezclar indicadores que responden a preguntas distintas.
El hallazgo central, por ahora, es claro: el 6.5% nacional no describe por sí solo la experiencia alimentaria de México. Detrás de ese promedio hay entidades donde la proporción duplica o incluso supera ampliamente la media, hogares donde la falta de recursos modifica la dieta y menores que enfrentan reducciones concretas en cantidad, variedad y frecuencia. La EIC 2025 convierte esas diferencias en una agenda medible; el siguiente paso corresponde a las instituciones, que deberán traducir el mapa en prioridades, presupuesto y evaluación.
Fuentes consultadas
- INEGI, Encuesta Intercensal 2025: levantamiento, alcance y materiales de resultados.
- La Jornada, “En 6 de cada 100 hogares, inseguridad alimentaria”: cifras nacionales, estatales y desagregación por tipo de hogar.
- CONEVAL, Indicadores de carencia social: definición de acceso a la alimentación y Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria.
- CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2024: contexto sobre diferencias entre localidades rurales y urbanas.