El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó el 29 de septiembre de 2026 a Ernesto Santana Bracamontes como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), durante una sesión extraordinaria celebrada en la Ciudad de México. Santana rendirá protesta y asumirá el cargo el 1 de octubre, por un periodo de siete años que concluirá el 30 de septiembre de 2033. La decisión cubre la vacante que dejó Paula Ramírez Höhne y ocurre a pocos meses de que Jalisco entre de lleno en la preparación de las elecciones locales de 2027.
El nombramiento fue aprobado a partir de una lista de dos finalistas integrada por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE. La otra persona propuesta fue Gabriela Dolores Ruvalcaba García. El procedimiento comenzó con 61 aspirantes: 38 hombres, 22 mujeres y una persona no binaria. Después del examen de conocimientos, el ensayo, la prueba de competencias gerenciales, la valoración curricular y las entrevistas, 19 personas llegaron a la etapa final de evaluación.
En breve
- Ernesto Santana Bracamontes encabezará el IEPC Jalisco del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2033.
- El proceso electoral local 2026-2027 renovará las diputaciones del Congreso de Jalisco y los 125 ayuntamientos.
- El anteproyecto estatal para organizar la elección contempla 766.2 millones de pesos, mientras que el paquete presupuestal electoral y partidista asciende a más de mil 105 millones.
Por qué Santana obtuvo la designación
El INE informó que las personas finalistas cumplieron los requisitos legales y todas las etapas de selección. La valoración no se limitó a un examen: incluyó conocimientos técnicos, capacidad de análisis mediante un ensayo, competencias gerenciales, trayectoria profesional y entrevista. El acuerdo aprobado por el Consejo General señala que la idoneidad se sustentó en dictámenes individuales y en una valoración integral.
En la sesión, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona explicó que la convocatoria fue diseñada para cubrir un solo cargo mediante una lista de dos personas de género distinto. El acuerdo también precisa por qué la nueva presidencia tendrá un periodo completo de siete años, aunque el encargo anterior originalmente terminaba en octubre de 2028: la vacante definitiva se generó el 1 de julio de 2026, dentro de los últimos tres años del periodo previo, supuesto que activa una nueva designación de siete años conforme a la legislación electoral.
El expediente del INE describe a Santana como licenciado en Derecho, maestro en Políticas Públicas con perspectiva de género y con 25 años de experiencia en materia electoral, incluida trayectoria en el ámbito jurisdiccional. Esos antecedentes serán relevantes en un organismo que deberá tomar decisiones administrativas, coordinarse con el INE y responder a impugnaciones durante un proceso de alta complejidad.
La elección que recibirá la nueva presidencia
El proceso electoral local concurrente 2026-2027 contempla la renovación de las diputaciones locales y de los 125 ayuntamientos de Jalisco. No se trata de una elección para la gubernatura, pero sí de una operación amplia: el IEPC prevé instalar 20 consejos distritales y 125 consejos municipales, habilitar inmuebles, contratar personal eventual, producir documentación y materiales, registrar candidaturas, organizar debates y coordinar la capacitación electoral.
La agenda también incluye el Programa de Resultados Electorales Preliminares, los cómputos distritales y municipales, la promoción de la participación ciudadana y las acciones para que las personas jaliscienses residentes en el extranjero puedan ejercer sus derechos. En otras palabras, la presidencia que inicia el 1 de octubre recibirá un proceso que ya está en fase de planeación y que no puede detenerse por el relevo institucional.
El IEPC reportó además avances en la coordinación con el INE, en la implementación del PREP y en el sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles. Para Santana, uno de los primeros retos será asegurar que estos proyectos tengan responsables, cronogramas y recursos suficientes, especialmente porque varias actividades dependen de la colaboración entre el organismo local y la autoridad nacional.
El presupuesto: de 99.5 millones para 2026 a 766.2 millones para la elección
La dimensión financiera explica buena parte de la presión que enfrentará la nueva presidencia. El informe presupuestal presentado al Consejo General del INE registró para Jalisco un presupuesto aprobado en 2026 de 143.4 millones de pesos para gasto ordinario, 99.5 millones para el proceso electoral local, 20.9 millones en otro rubro electoral específico y 513.98 millones para financiamiento público de partidos. La suma reportada para esos conceptos fue de 777.8 millones de pesos.
Para 2027, el IEPC aprobó anteproyectos considerablemente mayores porque será el año de la elección. El gasto ordinario proyectado asciende a 140.7 millones de pesos y la organización del proceso electoral local a 766.2 millones. A esto se agregan 21.8 millones para actividades electorales específicas, 3.1 millones para otros trabajos institucionales y 173.2 millones destinados a gastos de campaña de partidos políticos. El paquete total estimado por el organismo alcanza mil 105.1 millones de pesos.
Estos montos no significan que todo el dinero sea ejercido directamente por el IEPC. El organismo calcula el financiamiento público que corresponde a los partidos conforme a la Constitución, la legislación electoral y la Ley General de Partidos Políticos; después lo aprueba y lo ministra. La diferencia es importante: el instituto debe administrar su gasto operativo y electoral, pero también garantizar la entrega oportuna de prerrogativas que forman parte del sistema de competencia partidista.
El riesgo presupuestal no desaparece con la ampliación
El seguimiento del INE muestra que 17 organismos electorales locales habían solicitado ampliaciones presupuestales al corte del 17 de septiembre de 2026. Jalisco solicitó una ampliación de 99.5 millones de pesos para cubrir los gastos del proceso electoral local y, de acuerdo con el informe, la petición fue autorizada el 24 de febrero.
La autorización resuelve una necesidad inmediata, pero no elimina el riesgo estructural: los organismos locales dependen de las decisiones presupuestales de los gobiernos y congresos estatales, mientras deben cumplir calendarios electorales que no pueden ajustarse con facilidad. Un recorte o una ministración tardía puede afectar la contratación de personal, la renta de sedes, la compra de materiales, el PREP o la instalación de órganos desconcentrados.
Por eso, la nueva presidencia tendrá que mantener una relación institucional constante con el Poder Ejecutivo y el Congreso de Jalisco, transparentar las prioridades de gasto y demostrar que cada ampliación se vincula con actividades indispensables para la elección. El presupuesto será también una prueba de autonomía: no basta con recibir recursos, sino que deben llegar a tiempo y mantenerse protegidos de presiones políticas.
Fiscalización: el otro frente de la elección
En la misma sesión del 29 de septiembre, el INE aprobó reglas y plazos para fiscalizar los informes de ingresos y gastos de los procesos electorales federal y locales concurrentes 2026-2027. El calendario abarca la obtención de apoyo de la ciudadanía, las precampañas y las campañas, e incluye la presentación de informes, la garantía de audiencia, la elaboración de dictámenes y las resoluciones finales.
La fiscalización tendrá efectos concretos en Jalisco: partidos, precandidaturas, candidaturas y aspirantes independientes deberán reportar sus operaciones en los sistemas autorizados y atender observaciones dentro de los plazos establecidos. En la sesión, la consejera Carla Humphrey advirtió que el Sistema Integral de Fiscalización y el nuevo Sistema de Contabilidad en Línea podrían coexistir durante el proceso, por lo que será necesario definir pruebas, capacitación, transición y mecanismos de contingencia.
Para el IEPC, esto implica colaborar con el INE y proporcionar información local sin invadir las atribuciones de la autoridad nacional. Para los partidos, significa que la campaña no se evaluará únicamente por los votos obtenidos: también estarán bajo revisión el origen de los recursos, la comprobación del gasto, la propaganda y la oportunidad de los reportes.
La primera prueba será convertir la designación en continuidad operativa
La salida de Paula Ramírez Höhne dejó una transición en un momento delicado. En junio, la entonces consejera presidenta informó que presentaba su renuncia después de concluir los principales procesos electorales, administrativos, presupuestales y de planeación del instituto. El relevo, por tanto, no parte de cero, pero sí tendrá que preservar acuerdos, equipos y calendarios que ya están en marcha.
La llegada de Santana puede ofrecer estabilidad institucional si logra articular tres tareas desde el inicio: asegurar los recursos para 2027, mantener una coordinación funcional con el INE y blindar la fiscalización frente a retrasos o inconsistencias técnicas. La designación resuelve quién ocupará la presidencia; el desafío siguiente será demostrar que el IEPC puede organizar una elección amplia con reglas claras, información verificable y capacidad para responder a las exigencias de partidos y ciudadanía.
Fuentes consultadas
- Central Electoral del INE: designación de Ernesto Santana Bracamontes.
- Acuerdo del Consejo General del INE sobre la presidencia del OPL de Jalisco.
- Comisión de Vinculación del INE: perfiles finalistas y etapas de selección.
- Informe del INE sobre la situación presupuestal de los organismos electorales locales.
- IEPC Jalisco: anteproyectos presupuestales para 2027.
- IEPC Jalisco: informe de gestión de Paula Ramírez Höhne.
- Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del INE del 29 de septiembre de 2026.