La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó el 6 de octubre de 2026 ante la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, que México no tiene actualmente condiciones para avanzar hacia la explotación de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. La funcionaria precisó que la presidenta Claudia Sheinbaum no autorizó pozos piloto: únicamente se realizan estudios para verificar si existe agua salada y profunda que permita evaluar, en una etapa preliminar, la viabilidad técnica de la actividad en el noreste del país.
La aclaración es relevante porque separa dos decisiones que habían comenzado a mezclarse en el debate público: investigar las condiciones del subsuelo y autorizar la perforación de pozos. Por ahora, el Gobierno federal mantiene abierta la primera posibilidad, pero descarta la segunda. La propia versión estenográfica de Semarnat señala que los estudios buscan determinar si hay agua disponible, salada y profunda, para siquiera discutir el tema.
En breve
- No hay autorización presidencial para realizar pruebas piloto de fracking ni para comenzar una explotación comercial.
- La investigación se concentra en la disponibilidad de agua salada y profunda, con participación de especialistas y dependencias ambientales y energéticas.
- Antes de cualquier pozo tendrían que resolverse reglas técnicas, permisos, protección de acuíferos, manejo de químicos, tratamiento del agua y capacidad de inspección.
Una zona bajo evaluación, no un proyecto aprobado
Durante su comparecencia, Bárcena explicó que la discusión técnica se concentra en el noreste. La información difundida por medios y retomada por la propia Semarnat ubica el análisis en la cuenca de Burgos y, de manera más específica, en la región de Sabinas-Burro-Picachos, que abarca áreas de Coahuila y Nuevo León. Esto no equivale a que exista un sitio seleccionado para perforar ni a que las comunidades tengan frente a ellas un calendario de obras.
El fracking se utiliza para extraer hidrocarburos atrapados en rocas de baja permeabilidad. La operación implica perforar verticalmente y después avanzar de forma horizontal para inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos. La presión genera fracturas en la roca y permite que el gas llegue al pozo. Por eso el agua no es un asunto accesorio: interviene en la perforación, la estimulación del yacimiento, la recuperación del fluido y el tratamiento de los residuos.
La postura presentada por Semarnat contempla evitar agua destinada al consumo humano o agrícola, privilegiar agua salina y reciclar al menos 75 por ciento del líquido utilizado. Sin embargo, esos criterios todavía deben convertirse en protocolos verificables: no basta con clasificar una fuente como profunda o salina; habría que demostrar su disponibilidad, su calidad, la conexión o ausencia de conexión con acuíferos de agua dulce y el destino del fluido que regresa a la superficie.
El agua disponible no es necesariamente agua utilizable
Los registros públicos de la Comisión Nacional del Agua muestran que la situación subterránea del norte es desigual. En sus fichas de disponibilidad aparecen acuíferos con saldos positivos y otros con disponibilidad media anual negativa, lo que indica presión sobre el recurso conforme a la metodología oficial. En Nuevo León, por ejemplo, documentos de planeación hídrica han reportado un saldo negativo para el acuífero Sabinas-Paras, mientras que en Coahuila la información de Conagua también registra distintos niveles de disponibilidad entre acuíferos.
Estos datos no prueban por sí mismos que el fracking sea inviable en toda la región, pero sí explican por qué un estudio de agua salada y profunda tendría que ser mucho más preciso que una estimación general de reservas. El análisis debería incluir balances por acuífero, variaciones estacionales, recarga, usuarios existentes, infraestructura de conducción, riesgos de contaminación cruzada y escenarios de sequía. También tendría que distinguir entre agua salina naturalmente no apta para consumo y agua que podría volverse contaminante por su contacto con aditivos, hidrocarburos o sales concentradas.
La prioridad para la población del noreste es que cualquier eventual proyecto no compita con el abasto urbano, la agricultura, la ganadería ni los ecosistemas. En regiones con estrés hídrico, el costo de transportar agua, almacenarla y tratarla puede modificar por completo la viabilidad económica de una operación que en el papel parezca técnicamente posible.
Qué tendría que definirse antes de hablar de un pozo
El mensaje de Semarnat deja una agenda regulatoria amplia. Primero tendría que aclararse qué autoridad y bajo qué instrumento puede autorizar una investigación que implique perforación, inyección o intervención del subsuelo. También sería necesario precisar la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la autoridad energética, Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y los gobiernos estatales.
En materia ambiental, cualquier proyecto tendría que someterse a una evaluación que considere el ciclo completo: construcción del pozo, perforación horizontal, uso de sustancias, almacenamiento de fluidos, emisiones, disposición de aguas de retorno, abandono y restauración del sitio. El permiso no debería limitarse a revisar el pozo aislado, sino el conjunto de caminos, ductos, plantas de tratamiento, presas, transporte de sustancias y puntos de descarga.
También deberían establecerse reglas específicas para la integridad de los pozos. El diseño tendría que demostrar que las barreras de cemento y acero pueden aislar las formaciones de gas y los acuíferos de agua dulce. A ello se sumarían sistemas de monitoreo de presión, detección de fugas, medición de metano, vigilancia sísmica y protocolos de respuesta ante derrames o fallas. Sin líneas base previas, sería difícil atribuir responsabilidades si después aparecen cambios en la calidad del agua o movimientos del terreno.
Otro pendiente es el manejo de químicos. Las autoridades tendrían que exigir un inventario completo de las sustancias utilizadas, sus concentraciones, riesgos, almacenamiento y trazabilidad. La prohibición o restricción de componentes tóxicos debe ser operativa y auditable, no sólo una recomendación general. Lo mismo ocurre con el reciclaje del 75 por ciento del agua: habría que definir cómo se calcula, qué calidad debe tener el agua reutilizada y qué ocurre con el porcentaje que no pueda recuperarse.
La inspección es parte de la viabilidad
Bárcena reconoció ante diputadas y diputados que la Profepa recibe alrededor de 14 mil denuncias al año y cuenta con 507 inspectores y 150 abogados, además de señalar que la dependencia requiere recursos adicionales para fortalecer sus tareas. Esa admisión coloca la vigilancia en el centro de la discusión.
Una actividad de alta complejidad técnica no se supervisa sólo con visitas ocasionales. Se necesitarían inspectores especializados, laboratorios independientes, acceso en tiempo real a datos de operación, capacidad para ordenar medidas urgentes y presupuesto para revisar instalaciones alejadas. También deberían publicarse los permisos, las bitácoras de agua, los resultados de monitoreo y las sanciones, de manera que las comunidades puedan conocer si las condiciones impuestas se cumplen.
Por eso, la declaración de la secretaria funciona como una pausa y no como un aval. El Gobierno puede continuar con estudios preliminares, pero todavía tendría que resolver si el agua propuesta es realmente disponible y no potable, si el marco legal ofrece certezas y límites suficientes, y si el Estado puede inspeccionar y sancionar de manera efectiva.
Un debate que todavía no llega a la explotación
La discusión sobre el fracking México 2026 no debe leerse como el anuncio de una apertura inmediata del sector. Lo ocurrido el 6 de octubre fue una precisión política y técnica: la administración federal no autoriza por ahora pruebas piloto de fracturación hidráulica y sólo mantiene investigaciones sobre las condiciones que permitirían, eventualmente, evaluar la tecnología.
El siguiente punto de control será la publicación de resultados verificables. Sin estudios hidrogeológicos completos, reglas actualizadas, permisos claros, participación de las comunidades y una estrategia de inspección con recursos suficientes, la existencia de gas en el subsuelo no bastaría para justificar un proyecto. En el noreste, la pregunta ya no es sólo cuánto gas podría extraerse, sino qué agua se usaría, quién asumiría los riesgos y cómo respondería el Estado si las salvaguardas fallan.
Fuentes consultadas
- Semarnat, versión estenográfica de la comparecencia de Alicia Bárcena, 6 de octubre de 2026.
- Semarnat, comunicado sobre la comparecencia ante la Cámara de Diputados, 7 de octubre de 2026.
- La Jornada, reporte sobre la postura de la secretaria, 6 de octubre de 2026.
- Vanguardia, información sobre la cuenca Sabinas-Burro-Picachos y los criterios de agua, 7 de octubre de 2026.
- Conagua, información pública de disponibilidad de acuíferos de Coahuila.
- Conagua, Programa Hídrico Regional de la Región Hidrológico-Administrativa Río Bravo.
- Cámara de Diputados, Ley de Hidrocarburos.