El Gobierno de México, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y autoridades de Jalisco presentaron el Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares el 4 de septiembre de 2026, durante la Feria Nacional Forestal realizada en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan. El documento plantea coordinar a los gobiernos, ejidos, comunidades indígenas y afromexicanas, empresas, academia y sociedad civil para conservar y restaurar ecosistemas, impulsar la producción forestal sustentable y frenar la tala ilegal. Metrópoli Jalisco y la Conafor documentaron el encuentro y sus objetivos. ([metropolijal.mx](https://www.metropolijal.mx/jalisco/reune-jalisco-al-sector-forestal-del-pais-con-encuentro-nacional-20260905-0007.html))
El anuncio importa porque intenta mover la discusión forestal desde la protección ambiental aislada hacia una política que también abarque ingresos, empleo, proveeduría y mercados. En el planteamiento oficial, los bosques, selvas y manglares no son únicamente áreas que deben permanecer intactas: también son territorios donde comunidades producen madera, alimentos, plantas medicinales, artesanías, servicios ecoturísticos y otros bienes que requieren reglas claras para llegar al consumidor con origen legal.
El decálogo no es todavía un programa operativo
El acuerdo reúne diez líneas de acción: conservar, restaurar y reforestar bosques y selvas; proteger manglares; combatir la deforestación mediante producción sustentable; fortalecer la silvicultura comunitaria; apoyar empresas forestales encabezadas por mujeres; construir cadenas de valor sostenibles; financiar pagos por servicios ambientales; reforzar el manejo del fuego; combatir la tala ilegal y simplificar trámites forestales y agrarios.
La amplitud de la agenda es también su principal desafío. El texto revisado en el expediente regulatorio de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria señala que el Gobierno federal y las entidades deberán suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para concretar los compromisos. También establece que Semarnat, con participación de Conafor y representantes de gobiernos locales, sectores productivos, universidades y organizaciones sociales, integrará un comité de seguimiento mensual. La Conafor tendrá la responsabilidad de presentar un informe mensual pormenorizado. ([cofemersimir.gob.mx](https://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/31630/mir/59861/regulacion/8124930))
Esto permite identificar una primera meta verificable: no basta con anunciar adhesiones. Deberían publicarse el calendario de instalación del comité, sus integrantes, los convenios derivados del acuerdo, los territorios prioritarios y los indicadores de cumplimiento. Sin esa información, el decálogo corre el riesgo de quedarse como una declaración de principios sin capacidad para ordenar la inversión pública ni modificar las decisiones productivas.
La primera señal está en Jalisco, pero tiene límites
Jalisco anunció que busca ser la primera entidad en adherirse al acuerdo y reportó una bolsa conjunta de 30 millones de pesos para acciones de protección de ecosistemas estratégicos, con aportaciones de 15 millones de pesos del gobierno estatal y 15 millones de la Conafor. La administración estatal también informó una meta de 250 mil plantas para 2026 y señaló que su mecanismo de pago por servicios ambientales beneficia a 32 grupos agrarios y comunidades de 22 municipios, con acciones en más de 14 mil 900 hectáreas. ([metropolijal.mx](https://www.metropolijal.mx/jalisco/reune-jalisco-al-sector-forestal-del-pais-con-encuentro-nacional-20260905-0007.html))
La bolsa es un punto de partida, no una garantía de transformación productiva. Para evaluar su impacto será necesario saber cuántas hectáreas serán restauradas, qué especies se utilizarán, quién dará mantenimiento, qué comunidades recibirán los recursos y cómo se medirá la supervivencia de las plantaciones. La experiencia de programas de reforestación muestra que contar árboles o plantas entregadas no equivale automáticamente a recuperar un ecosistema.
El propio acuerdo incorpora una restricción presupuestaria relevante: las erogaciones deberán cubrirse con los presupuestos aprobados de las instituciones ejecutoras y no se contemplan recursos adicionales para el ejercicio en curso ni para los subsecuentes. En términos prácticos, la política tendrá que competir por recursos dentro de programas existentes. ([cofemersimir.gob.mx](https://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/31630/mir/59861/regulacion/8124930))
Por eso, el seguimiento financiero será tan importante como el ambiental. La población debería poder conocer cuánto se destina a restauración, prevención de incendios, vigilancia, capacitación, permisos, infraestructura productiva y comercialización. También será necesario distinguir entre recursos anunciados, recursos comprometidos y dinero efectivamente ejercido.
Comunidades: de beneficiarias a protagonistas de la cadena
El acuerdo reconoce que la conservación no puede descansar únicamente en restricciones para quienes viven en los territorios forestales. La propuesta de fortalecer la silvicultura comunitaria busca que ejidos, comunidades y pequeños propietarios puedan aprovechar legalmente sus recursos, generar ingresos locales y participar en actividades de transformación y comercialización.
La parte productiva tiene varias condiciones. Las comunidades necesitan asistencia técnica, acceso a crédito, caminos e infraestructura, acompañamiento para elaborar programas de manejo y trámites menos costosos. También requieren compradores que paguen por madera y productos no maderables con origen legal, en lugar de competir únicamente por precio contra mercancía proveniente de la tala clandestina.
La inclusión de empresas forestales encabezadas por mujeres y la participación de pueblos indígenas y afromexicanos abre una oportunidad para medir quién captura los beneficios económicos. No será suficiente reportar el número de proyectos apoyados: conviene observar ingresos, empleos permanentes, participación en órganos de decisión, acceso a mercados y distribución de utilidades dentro de las comunidades.
Agua, agricultura y turismo: el impacto va más allá de la madera
El acuerdo conecta la política forestal con sectores que suelen analizarse por separado. La conservación de las partes altas de las cuencas influye en la regulación del agua para ciudades, agricultura y generación eléctrica. La protección de manglares también tiene implicaciones para la pesca ribereña, la protección costera y el turismo, mientras que el manejo de selvas y matorrales afecta la disponibilidad de forraje y la productividad ganadera.
El documento regulatorio identifica además la relación entre deforestación y cadenas agropecuarias. El planteamiento es avanzar hacia una producción libre de deforestación en actividades como agricultura y ganadería. En Jalisco, esa discusión puede vincularse con productos de alto valor y con la necesidad de demostrar trazabilidad ante compradores nacionales e internacionales. El beneficio para las empresas no sería solamente reputacional: contar con proveedores legales y sistemas de trazabilidad reduce riesgos regulatorios y comerciales.
Para la Ciudad de México, el tema también tiene una lectura directa. La capital depende de sistemas de abasto que están relacionados con cuencas, suelos y zonas de recarga fuera de sus límites administrativos. Además, sus consumidores, constructoras, hoteles y restaurantes forman parte del mercado que puede premiar la madera certificada o de procedencia comprobable, así como los servicios de turismo de naturaleza y los productos forestales no maderables.
La prueba será publicar resultados
El acuerdo establece una arquitectura de coordinación, pero su eficacia dependerá de que esa arquitectura produzca decisiones y datos. La Conafor deberá explicar cómo funcionará el informe mensual, qué metodología utilizará y si los reportes serán públicos. Semarnat y las entidades tendrán que convertir los objetivos nacionales en convenios territoriales con metas específicas. Los municipios, por su parte, serán relevantes para vigilancia, protección civil, ordenamiento y atención de conflictos locales.
Hay además un paso jurídico pendiente en el texto consultado: se prevé su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se establece que entrará en vigor al día siguiente de esa publicación. Mientras no se conozcan los instrumentos de implementación y sus anexos, el acuerdo debe leerse como una agenda de coordinación en construcción, no como un programa con resultados garantizados. ([cofemersimir.gob.mx](https://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/31630/mir/59861/regulacion/8124930))
La Feria Nacional Forestal mostró que existe una red amplia de comunidades, empresas, instituciones y organizaciones interesadas en la actividad. El reto para 2026 y los años siguientes será que esa red no se limite a exhibir productos o intercambiar propuestas. El Acuerdo Nacional Bosques Selvas Manglares México 2026 tendrá que demostrar que conservar puede generar ingresos legales, que producir no implica destruir y que los compromisos pueden seguirse mes a mes con cifras que cualquier comunidad, empresa o ciudadano pueda revisar.
En breve
- Qué se presentó: un acuerdo con diez líneas de acción para conservación, restauración, producción sustentable, silvicultura comunitaria, pagos por servicios ambientales, manejo del fuego y combate a la tala ilegal.
- Qué recurso se conoce: Jalisco y Conafor anunciaron una bolsa conjunta de 30 millones de pesos para acciones de protección de ecosistemas estratégicos en la entidad.
- Qué falta comprobar: la publicación oficial, los convenios operativos, los indicadores territoriales, el ejercicio presupuestal y los informes mensuales a cargo de la Conafor.
Fuentes consultadas
- Acuerdo Nacional por los Bosques, Selvas y Manglares, expediente regulatorio de Conamer, documento con objetivos, compromisos, seguimiento y disposiciones presupuestarias.
- Comisión Nacional Forestal, comunicado sobre la Feria Nacional Forestal 2026.
- Metrópoli Jalisco, información sobre la presentación del acuerdo y los compromisos anunciados por Jalisco.
- El Informador, cobertura de la firma y explicación del decálogo.
- La Jornada, reporte sobre el alcance económico y social planteado para el acuerdo.