La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, una propuesta que reduce la expectativa de crecimiento para México, plantea una disminución acotada del déficit y prevé que la deuda pública alcance 55% del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año. El proyecto contempla un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%, mientras que la estrategia de ingresos descansa en una mayor fiscalización, mejoras administrativas y un cumplimiento tributario más amplio.
La propuesta todavía debe ser discutida y aprobada por el Congreso de la Unión. Sin embargo, sus cifras ya ofrecen una señal para la Ciudad de México: el Gobierno federal prepara un ejercicio presupuestal con menos margen financiero, en el que el gasto en infraestructura, las transferencias a estados y municipios y la capacidad de las empresas para invertir dependerán de que los ingresos crezcan al ritmo previsto.
Un escenario económico menos favorable
Los nuevos cálculos de Hacienda representan un ajuste frente a los Pre-Criterios 2027 presentados en abril. Para 2026, el Gobierno redujo su rango estimado de crecimiento de entre 1.8% y 2.8% a una previsión de entre 1% y 2%. Para 2027, el rango pasó de 1.9%-2.9% a 1.5%-2.5%.
El punto medio de la nueva estimación es de 2%. Hacienda sostiene que la actividad estará respaldada por el consumo interno, la inversión pública y privada, condiciones financieras menos restrictivas y una mayor contribución de las exportaciones. También proyecta una inflación de 3% y un tipo de cambio promedio cercano a 17.9 pesos por dólar durante 2027, supuestos que sirven para calcular ingresos, gasto y deuda.
La diferencia entre el escenario oficial y una recuperación más vigorosa es importante. Un crecimiento cercano a 1.5% limitaría la creación de empleos, el aumento de ventas y la recaudación asociada al consumo. En cambio, alcanzar el techo de 2.5% permitiría que los ingresos tributarios avanzaran con mayor facilidad, aunque exigiría que varios motores funcionaran al mismo tiempo.
El déficit baja, pero la consolidación es limitada
El Paquete Económico 2027 prevé que los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia del déficit, pasen de 4.1% del PIB estimado para 2026 a 3.9% en 2027. La reducción sería de apenas 0.2 puntos porcentuales.
También existe una diferencia entre esta cifra y el balance presupuestario. Hacienda calcula que el déficit presupuestario bajaría de 3.6% del PIB en 2026 a 3.4% en 2027, mientras que los RFSP incluyen otras necesidades financieras del sector público. Distinguir ambos indicadores ayuda a evitar una lectura incompleta: una reducción del déficit anual no significa necesariamente que la deuda disminuya en términos nominales o como proporción de la economía.
El Instituto Mexicano para la Competitividad considera que el paquete retrasa nuevamente la consolidación fiscal y califica como modesta la reducción del déficit. Su advertencia central es que, sin crecimiento sostenido, será más difícil reducir el déficit y estabilizar la deuda. El instituto también señala que el aumento de la inversión física es positivo, pero que su impacto dependerá de una mayor participación de la inversión privada y mixta.
Más recaudación sin una reforma fiscal integral
La propuesta no basa su estrategia en una reforma fiscal amplia, sino en obtener más ingresos a partir de la fiscalización, el combate a la evasión, el fortalecimiento del cumplimiento y cambios administrativos. Esta ruta puede aumentar la recaudación sin elevar de inmediato las tasas generales de impuestos, pero su rendimiento depende de que las autoridades logren convertir revisiones y controles en ingresos permanentes.
Para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el efecto no será uniforme. Una fiscalización más eficiente puede reducir espacios de competencia desleal entre negocios formales e informales, pero también puede elevar los costos de cumplimiento para quienes tienen poca capacidad contable o tecnológica. La diferencia estará en si las nuevas medidas simplifican trámites y amplían la base de contribuyentes o si se traducen principalmente en más revisiones para los mismos negocios.
En la Ciudad de México, donde convergen servicios profesionales, comercio, restaurantes, transporte, construcción y actividades vinculadas con el Gobierno federal, el comportamiento de la demanda interna será determinante. Un menor crecimiento puede moderar el consumo de los hogares y la contratación de servicios, mientras que una mayor inversión en infraestructura podría beneficiar a constructoras, proveedores, operadores logísticos y empresas de ingeniería.
La deuda seguirá subiendo como proporción del PIB
El proyecto estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, la medida más amplia de la deuda pública, aumentará de 54% del PIB previsto para el cierre de 2026 a 55% en 2027. En términos presentados por Hacienda, el saldo llegaría a alrededor de 21.7 billones de pesos.
El incremento muestra el límite de una consolidación gradual: aunque el déficit disminuya, el Gobierno todavía necesitará financiar obligaciones acumuladas, vencimientos y gasto público. La deuda puede mantenerse manejable si la economía crece, los intereses se moderan y los ingresos superan las previsiones; pero un crecimiento menor, tasas elevadas o una caída de los ingresos petroleros reducirían el margen de maniobra.
Hacienda también contempla una inversión física presupuestaria equivalente a 2.6% del PIB, con proyectos en trenes, carreteras, infraestructura hidráulica y energía. La apuesta es que esa inversión no sólo impulse la actividad en el corto plazo, sino que eleve la capacidad productiva en los siguientes años. El riesgo es que los proyectos sufran retrasos, sobrecostos o una participación privada menor a la esperada.
Qué puede significar para estados, empresas y hogares
- Para los estados y municipios: el menor crecimiento puede limitar la expansión de las participaciones federales, mientras que la calendarización y ejecución de proyectos federales será relevante para las obras locales y la actividad regional.
- Para las empresas: habrá oportunidades en infraestructura y proveeduría pública, pero también mayor atención al cumplimiento fiscal y a la comprobación de operaciones.
- Para los hogares: el paquete busca sostener programas sociales y el consumo, aunque un crecimiento bajo puede traducirse en menor dinamismo laboral y salarial.
- Para las finanzas públicas: la prioridad será evitar que la deuda aumente más rápido que la economía y demostrar que la recaudación adicional es estructural, no sólo resultado de acciones extraordinarias de fiscalización.
En breve
- Hacienda prevé para 2027 un crecimiento de entre 1.5% y 2.5%, por debajo del rango planteado en abril.
- Los RFSP bajarían de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027, una reducción limitada.
- La deuda pública amplia subiría a 55% del PIB, por lo que el resultado dependerá del crecimiento y de una recaudación más eficiente.
El debate legislativo tendrá que evaluar si los supuestos macroeconómicos son suficientemente prudentes y si el gasto de inversión puede generar una expansión mayor sin deteriorar las finanzas públicas. Para la capital del país, el resultado se reflejará menos en una sola cifra y más en la combinación de transferencias, obras, empleo, consumo y reglas fiscales que acompañen al presupuesto federal.
Fuentes consultadas
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Finanzas Públicas y Paquete Económico 2027, 8 de septiembre de 2026.
- Instituto Mexicano para la Competitividad, análisis del Paquete Económico 2027, 9 de septiembre de 2026.
- Agencia EFE, México reduce la previsión del PIB para 2026 y prevé más deuda pública, 9 de septiembre de 2026.