Obras de Vivienda para el Bienestar y avance de la meta nacional de 1.8 millones de casasEl avance del programa debe distinguir entre viviendas contratadas, en construcción, asignadas, terminadas y habitadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó el 1 de septiembre de 2026, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, Ciudad de México, que el programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 1.8 millones de casas durante el sexenio y beneficiar a 12 millones de familias mediante vivienda nueva, créditos, mejoramientos, regularización y reestructuración de deudas.

El reporte federal colocó tres cifras en el centro de la discusión: 668 mil viviendas fueron contratadas, 278 mil se encontraban en construcción y 90 mil ya habían sido asignadas. La diferencia entre esos conceptos es relevante porque ninguno equivale, por sí mismo, a una vivienda terminada, entregada y habitada por una familia.

La primera línea base: 37 de cada 100 viviendas contratadas

Si se compara el dato de 668 mil contratos con la meta nacional de 1.8 millones de viviendas nuevas, el avance administrativo equivale a aproximadamente 37.1 por ciento. Las 278 mil viviendas en construcción representan 15.4 por ciento de la meta, mientras que las 90 mil asignadas equivalen a 5 por ciento.

La aritmética permite observar una brecha de ejecución física. Entre las viviendas contratadas y las que ya están en obra hay una diferencia de 390 mil unidades. A su vez, entre las que se construyen y las asignadas existe una distancia de 188 mil. El informe no presenta, en las cifras difundidas, un desglose nacional de casas concluidas, con servicios operando, escrituradas o efectivamente ocupadas.

Esto no significa que las viviendas contratadas estén detenidas. Un contrato puede incluir proyectos que todavía atraviesan trámites, preparación de terrenos, licencias, urbanización o programación financiera. Sin embargo, para las familias la medida final no es la firma del contrato, sino la disponibilidad de una vivienda adecuada y accesible.

Doce millones de familias: una meta que reúne acciones distintas

La cifra de 12 millones de familias beneficiadas no debe leerse como 12 millones de casas nuevas. La estrategia combina intervenciones con alcances diferentes: construcción, créditos hipotecarios, apoyos para mejorar viviendas, regularización de la propiedad y soluciones para créditos considerados impagables.

De acuerdo con la información oficial y el reporte de El Economista, el gobierno contabilizó 779 mil familias con créditos frente a una meta sexenal de 2.2 millones. También reportó 717 mil familias beneficiadas con créditos o apoyos de mejoramiento, de un objetivo de 1.8 millones, así como 337 mil hogares regularizados frente a una meta de 1.2 millones.

Con esas referencias, el avance reportado es de alrededor de 35.4 por ciento en créditos, 39.8 por ciento en mejoramientos y 28.1 por ciento en regularización. Son indicadores útiles, pero no necesariamente acumulables: una misma familia podría recibir más de un tipo de apoyo o aparecer en distintas líneas del programa.

La Presidencia ha explicado que el universo sexenal también incluye la reestructuración de créditos impagables. En comunicados previos, el gobierno habló de 5.1 millones de familias atendidas o consideradas en este componente. Por ello, la cifra de 12 millones funciona como una suma de acciones y no como un padrón de hogares únicos sin traslapes.

El ingreso de los beneficiarios será otro indicador decisivo

La vivienda nueva del programa está dirigida principalmente a familias con ingresos menores a 2.9 salarios mínimos, de acuerdo con lo expuesto en el Segundo Informe. En otros componentes participan personas con perfiles distintos, incluidos trabajadores que pueden acceder a financiamiento del Infonavit, Fovissste o la Sociedad Hipotecaria Federal.

Esta diferencia importa porque una vivienda subsidiada, un crédito hipotecario y una regularización no resuelven el mismo problema. La primera puede ampliar la oferta habitacional; el segundo facilita la compra o construcción, pero genera una obligación de pago; y la tercera otorga certeza jurídica sobre un inmueble que ya existe, aunque no necesariamente mejora sus condiciones físicas.

Para evaluar si el programa llega a quienes tienen menores ingresos, será necesario publicar información desagregada por rango salarial, condición laboral, edad, género, afiliación a la seguridad social y situación territorial. También será importante conocer cuántas viviendas se destinan a población no afiliada, un sector que depende principalmente de la Conavi y que enfrentó procesos de registro, asambleas y sorteos.

¿Dónde están las viviendas y qué pasa en la Ciudad de México?

El informe nacional no ofrece, en las cifras resumidas, una tabla completa que permita comparar el avance de las 32 entidades. Esa ausencia dificulta saber si los contratos y las obras están concentrados en zonas metropolitanas, ciudades fronterizas, entidades con mayor disponibilidad de suelo o regiones con mayor rezago habitacional.

La información oficial sí identifica acciones en diversos estados. En Puebla, por ejemplo, el gobierno federal reportó una meta de 68 mil 950 viviendas entre Infonavit, Fovissste y Conavi, con 18 mil 619 contratadas al 8 de agosto de 2026. En Nuevo León se planteó una meta de 80 mil viviendas, mientras que en Michoacán se informó una distribución de 50 mil para Infonavit, 20 mil para Conavi y 12 mil para Fovissste.

En materia de suelo, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable informó avances relacionados con alrededor de 206 mil 902 lotes en Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. Esos datos corresponden a procesos de regularización y no deben confundirse con la construcción de casas nuevas.

Para la capital del país, el seguimiento debería considerar no sólo cuántas viviendas se anuncian, sino su ubicación, densidad, acceso al transporte, disponibilidad de agua, conexión al drenaje y compatibilidad con los programas de desarrollo urbano. En una ciudad con suelo escaso y altos precios, la localización puede determinar si una vivienda realmente reduce el gasto familiar o si desplaza a sus habitantes hacia zonas cada vez más alejadas.

La prueba pendiente: pasar del anuncio a la ocupación

La meta de 1.8 millones exige mantener un tablero público que distinga al menos seis momentos: proyecto identificado, contrato firmado, obra iniciada, obra terminada, vivienda asignada y vivienda habitada. Sin esa separación, el avance puede parecer mayor o menor dependiendo de la etapa que se utilice como referencia.

También se requiere conocer el costo promedio por vivienda, el origen del suelo, los tiempos de construcción, las empresas participantes, las modificaciones contractuales y el número de desarrollos con infraestructura completa. Estos datos son importantes para las familias, pero también para la cadena de construcción, los gobiernos locales y las empresas proveedoras.

El Segundo Informe aporta una base cuantitativa para seguir el programa, pero todavía no permite concluir cuántas de las 668 mil viviendas contratadas estarán listas para ser ocupadas. La diferencia entre una meta presupuestada y una vivienda habitable se resolverá en los siguientes reportes mediante evidencia territorial, padrones verificables y resultados físicos.

En breve

  • El gobierno federal reportó 668 mil viviendas contratadas, 278 mil en construcción y 90 mil asignadas frente a una meta sexenal de 1.8 millones.
  • Los 12 millones de familias incluyen acciones distintas: vivienda nueva, créditos, mejoramientos, regularización y reestructuración de deudas.
  • El indicador decisivo será cuántas viviendas terminan con servicios, se entregan y son habitadas, con información desagregada por entidad y nivel de ingreso.

Fuentes consultadas

Por Editor

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