La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre de 2026, desde la Ciudad de México, la creación de un grupo de trabajo que elaborará un proyecto de decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales en la detección, el reporte y el retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia, el abuso o el acoso. La instrucción fue dada a conocer después del ataque registrado en la Escuela Secundaria General número 13 de Torreón, Coahuila, donde murió una integrante del personal directivo y cuatro personas resultaron lesionadas.
El anuncio no significa que el decreto ya esté publicado ni que las plataformas tengan, desde este momento, nuevas obligaciones generales derivadas de esa propuesta. La regulación de plataformas digitales en México se encuentra todavía en una etapa de diseño institucional. El grupo será coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal e incluirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de instituciones académicas y especialistas.
En breve
- El Gobierno federal prepara un proyecto de decreto; por ahora no se trata de una norma vigente.
- La propuesta busca que las plataformas detecten, reporten y retiren contenidos que inciten directamente a la violencia, el abuso o el acoso.
- El reto será establecer criterios verificables y rápidos sin convertir la moderación en censura ni afectar expresiones protegidas.
El anuncio llega después de un ataque en Torreón
De acuerdo con la información difundida por el Gobierno y con reportes periodísticos, el caso de Torreón aceleró la discusión sobre la relación entre violencia escolar, radicalización digital y circulación de mensajes que pueden anticipar una agresión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el equipo trabajará en un decreto para imponer obligaciones de detección, reporte y remoción de contenidos que inciten directamente a la violencia.
La estrategia anunciada no se limitaría al retiro de publicaciones. También contempla coordinación entre autoridades y empresas, monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería y foros digitales, así como medidas preventivas en escuelas, entre ellas buzones confidenciales y acciones de orientación para estudiantes y familias. Esa combinación muestra que el Gobierno pretende abordar el problema desde la seguridad, la educación y la tecnología, aunque todavía no se conocen los detalles jurídicos ni operativos del proyecto.
Qué tendría que definir el eventual decreto
La primera decisión será establecer qué se entiende por una incitación directa a la violencia. No es lo mismo una amenaza concreta contra una persona o una escuela que una noticia sobre un hecho violento, una investigación periodística, una denuncia ciudadana, una obra de ficción, una protesta política o una expresión ofensiva que no constituya un llamado accionable. Si el texto utiliza conceptos demasiado amplios, una plataforma podría retirar contenido legítimo por precaución.
También tendría que definir categorías de riesgo. Un mensaje con una fecha, un lugar, un objetivo identificable y una instrucción para atacar podría requerir una respuesta urgente. En cambio, otros contenidos podrían necesitar revisión humana, contexto adicional o intervención de autoridades antes de ordenar su retiro. La norma tendría que explicar cómo se evaluarán las imágenes, videos, audios, transmisiones en vivo, publicaciones reenviadas y materiales generados o alterados mediante inteligencia artificial.
Otro punto central serán los plazos. La expresión retiro oportuno puede significar minutos en una emergencia, horas en un caso de riesgo elevado o un periodo distinto cuando sea necesario revisar el contexto. El decreto debería distinguir entre una notificación preventiva, la preservación de evidencia y la eliminación definitiva. Una respuesta demasiado lenta puede dejar circular una amenaza; una respuesta automática y masiva puede borrar información relevante para víctimas, autoridades, periodistas o investigadores.
Supervisión, apelaciones y libertad de expresión
La Constitución reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión, aunque también contempla límites relacionados con delitos, derechos de terceros y perturbaciones al orden público. Por eso, cualquier nuevo mecanismo de retiro tendría que incluir controles para evitar que una orden de seguridad se convierta en una herramienta para silenciar críticas, sátira, debate político o denuncias sobre abusos.
El proyecto debería precisar qué autoridad recibirá los reportes, quién podrá solicitar un retiro, qué información deberá entregar una plataforma y qué instancia revisará las decisiones. También tendría que establecer mecanismos de apelación para usuarios, medios, organizaciones civiles y empresas. Una persona cuyo contenido sea eliminado debería conocer, al menos de forma suficiente, la razón de la medida y contar con un procedimiento para impugnarla.
La supervisión independiente será relevante. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en julio de 2025, contempla atribuciones regulatorias para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pero el anuncio del 2 de octubre no aclara si esa Comisión tendrá funciones específicas en la moderación de plataformas digitales ni cómo se coordinaría con las autoridades de seguridad y educación.
El diseño también deberá considerar la privacidad. El monitoreo de espacios digitales puede ayudar a identificar amenazas, pero no debería traducirse en vigilancia indiscriminada de conversaciones privadas ni en la recolección ilimitada de datos personales. Será necesario determinar qué información podrá conservarse, durante cuánto tiempo, con qué controles y bajo qué condiciones podría entregarse a una fiscalía o a un tribunal.
Un antecedente: acuerdos voluntarios con plataformas
El Gobierno ya había utilizado una vía de colaboración voluntaria con Google, Meta y TikTok para atender formas de violencia digital contra mujeres y niñas. El anuncio de octubre plantea un cambio de alcance: pasar de acuerdos voluntarios y focalizados a obligaciones establecidas mediante un decreto, aunque todavía falta conocer su fundamento legal, sus sujetos obligados y el régimen de sanciones.
La diferencia es importante para las empresas y para los usuarios. Una obligación general tendría que aclarar si aplicará por igual a redes sociales, servicios de mensajería, foros, plataformas de video, buscadores y sitios pequeños. También debería considerar la capacidad técnica y económica de cada servicio para evitar que las cargas regulatorias sean desproporcionadas o que terminen favoreciendo a las plataformas con más recursos para cumplir.
Qué sigue para que la propuesta sea aplicable
El grupo de trabajo deberá convertir el anuncio político en reglas medibles. Entre los elementos esperables están un catálogo de conductas, niveles de riesgo, procedimientos de notificación, plazos diferenciados, obligaciones de transparencia, auditorías, protección de evidencia, canales de apelación y sanciones graduadas. También será relevante saber si el texto se someterá a consulta pública y si requerirá reformas legales adicionales antes de entrar en vigor.
Hasta que el proyecto se publique oficialmente, no puede afirmarse que exista una nueva regulación de plataformas digitales en México con efectos generales. Lo confirmado es la creación del grupo de trabajo y la intención del Ejecutivo de preparar un decreto después del ataque en Torreón. La eficacia de la medida dependerá de que logre responder con rapidez ante amenazas reales sin confundir la prevención de la violencia con el control amplio del discurso en internet.
Fuentes consultadas
- Presidencia de la República, anuncio del grupo de trabajo y del proyecto de decreto, 2 de octubre de 2026.
- El País México, información sobre el ataque en Torreón y los objetivos anunciados por el Gobierno, 2 de octubre de 2026.
- Cámara de Diputados, texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Diario Oficial de la Federación, Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 16 de julio de 2025.
- Presidencia de la República, acuerdo voluntario con plataformas para combatir la violencia digital contra mujeres, 11 de marzo de 2026.